Categoría: Notas
Publicado en 29 Aug 2022
4 minutos
Se reanudó el 25 de agosto el proceso de licitación para una nueva definición al operador del Metro de Quito. Este proceso parecía resuelto el 15 de julio, pero una inconsistencia en el contrato obligó al retorno a la competencia entre empresas interesadas.
De acuerdo con el nuevo cronograma del proceso, se presentará el informe de evaluación el 31 de agosto de 2022 y se tiene previsto que la suscripción del contrato sea en octubre.
Se garantizó que el contratiempo no altera el objetivo de iniciar la operación del Metro de Quito desde diciembre de 2022.
ANUNCIO
El 25 de agosto, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) informó oficialmente que en acto público, en sesión del comité de evaluación del proceso de selección para la operadora del Metro de Quito, se dio a conocer que se recibieron dos ofertas de empresas interesadas.
Dice el comunicado que mediante un proceso de evaluación y calificación, se validará el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos para seleccionar el oferente que pasará a la etapa precontractual.
Las ofertas recibidas corresponden a la empresa operadora Metro de Medellín/Transdev, EOMMT-S.A.S. y a la empresa Metro de São Paulo – las mismas que llegaron a la etapa final que definió el resultado anunciado el 15 de julio.
Los interesados participaron en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones y están de acuerdo con los pliegos del proceso.
La sesión de 25 de agosto, llevada a cabo en las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), desde las 18h00, contó con la participación de representantes de Quito Honesto, el directorio de la EPMMQ, la Iniciativa de Transparencia Internacional COST, representantes de los dos oferentes y del Observatorio técnico de los colegios profesionales de ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos-electrónicos de Pichincha.
El gerente general de la EPMMQ, Efraín Bastidas, señaló: “Vemos con agrado la aceptación y el interés de empresas expertas en operación ferroviaria para continuar el proceso de selección y velaremos que continúe en el proceso la oferta que cumpla todos los requisitos, para brindar un servicio eficiente a la capital”.
A principios de agosto, cuando todo parecía resuelto, hubo un cambio en el proceso de licitación para definir al operador del Metro de Quito.
Inconsistencias en el contrato
El 15 de julio de 2022, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó solemnemente que el consorcio formado por Metro de Medellín (Colombia) y Grupo Transdev (Francia) operaría el Metro de Quito, bajo un contrato con vigencia de seis años.
Sin embargo, en los primeros días de agosto, el Metro de Quito relanzó el proceso de recepción de ofertas, con fecha límite fijada para esta tercera semana de agosto de 2022.
El motivo del relanzamiento de la licitación, según Efraín Bastidas, gerente de Metro de Quito, radicaba en el contrato que se firmaría entre el Metro de Quito y el consorcio adjudicatario.
Explicó que se identificó una inconsistencia durante la fase de revisión en la que se afinan los elementos contractuales en la oferta presentada por el consorcio.
La inconsistencia se debía a que las prácticas internacionales difieren de las particularidades establecidas en la legislación local, la cual no permite cambios ni reajustes en la fase de negociación de la fase precontractual.
“La oferta presentada no incluye los valores atribuibles a la inflación, que siempre deben estar presentes, como lo exige la normativa ecuatoriana”, dijo, en aquello momento, el funcionario.
En otras palabras, el consorcio solicitó que se incluyera una cláusula en el contrato que permitiera el ajuste por inflación. Sin embargo, la legislación de compras públicas de Ecuador exige la contratación a precio fijo o a precio unitario, con ajuste polinomial.
En aquella ocasión, el Gerente de Operaciones del Metro de Quito, Roberto Custode, explicó que el proceso no presentó ningún problema en cuanto a la verificación de los elementos contenidos en los pliegos.
Dijo que ocurrió una dificultad por la interpretación incorrecta de la legislación ecuatoriana por parte del proponente.
“La incorrección se hizo evidente cuando se inició la fase de discusión con la empresa sobre estos temas”, concluyó Custode.
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