Un proyecto de ley para reestructurar el transporte público urbano y crear un marco legal para el sector en Brasil, deberá comenzar a tramitarse en agosto, según Otávio Cunha, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU).

Otávio Cunha

Otávio Cunha, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU), de Brasil, dijo que espera para cuando el Senado retome su trabajo, luego del receso parlamentario – a principios de agosto de 2021— se inicie la tramita de un proyecto de ley que va a proponer la reestructuración de transporte público urbano en el país, incluyendo la institución de un marco legal para el sector.

La declaración fue hecha ahora en julio de 2021, en una conferencia de prensa que también reunió al presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros del Estado de São Paulo (FETPESP), Mauro Artur Herszkowicz, y Francisco Christovam, asesor especial de la Unión de Empresas de Transporte Público Urbano de Pasajeros de São Paulo (SPUrbanuss).

La propuesta comenzó a estructurarse en el segundo semestre de 2020 por NTU, que aglutina a operadores de transporte de autobuses urbanos y metropolitanos, y por la Asociación Nacional de Transportadores de Pasajeros sobre Raíles (ANPTrilhos), que aglutina a operadores de servicios de transporte metro-ferroviario.

Según Otávio Cunha, la idea original era hacer que el gobierno federal se hiciera cargo de la propuesta y enviara un proyecto de ley al Congreso al respecto. “Presentamos este documento al gobierno federal el 22 de diciembre de 2020, a través de los Ministerios de Economía y de Desarrollo Regional (…). Esperamos hasta el 30 de abril de 2021, sin respuesta. Entonces, decidimos cambiar la estrategia para llevar a cabo este proceso y abrimos el documento al debate con la sociedad”.

El director informó que en julio la NTU y ANPtrilhos estarán terminando de discutir la propuesta con varias entidades nacionales brasileñas, entre ellas la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP), el Foro Nacional de Secretarios de Movilidad Urbana, el Frente Nacional de Alcaldes (FNP), y, también, los “movimientos sociales”, a través del Instituto del Movimiento por el Derecho al Transporte Público de Calidad para Todos (MDT), además del Instituto de Defensa del Consumidor de São Paulo (IDEC), consultores independientes y academia.

Otávio Cunha aseguró que la iniciativa ya se está discutiendo en el Senado Federal, en diálogo con el senador Antônio Anastasia, del Estado de Minas Gerais. “Él se mostró dispuesto a examinar el documento y expresó interés en ser el proponente de este asunto”, dijo.

El presidente de la NTU, dijo que las discusiones se concluirán este mes de julio de 2021. Agregó que el documento que se enviará al Senado ya incorpora sugerencias presentadas por las distintas entidades que participan en las discusiones.

En la evaluación del líder, la tramita del  proyecto de ley debe tomar al menos un año. “Si podemos conseguirle el régimen de emergencia, podremos acortar este período”.

Los redactores de la propuesta han manifestado que su implementación no será un proceso rápido, ya que se trata de una profunda reforma estructural en el sector, que implicará, inicialmente, la aprobación de cambios en la legislación federal, que disciplinarán el nuevo marco legal, y, en un segundo momento, la adecuación de la legislación estatal y municipal, que regula estas actividades en el ámbito de los estados y municipios, y también los ajustes de los contratos vigentes.

Una propuesta con tres pilares

La propuesta inicialmente construida por NTU y ANPTrilhos está plasmada en un documento titulado Programa de Reestructuración del Transporte Público Urbano y Marco Legal para el Transporte Público Urbano y se basa en tres pilares: Calidad y Productividad, Financiamiento y Regulación y Contratos.

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

El pilar de Calidad y Productividad considera que el gobierno federal debe ser el inductor de la Política Nacional de Movilidad Urbana. Y que será necesario gestionar la demanda y oferta de los servicios de transporte público, con el escalonamiento de las actividades urbanas, para no sobrecargar los sistemas. Además, la realidad luego de la pandemia deberá traer nuevos protocolos de salud.

Este pilar también tiene en cuenta la formación del personal, tanto de las Administraciones Públicas como de las empresas. E indica la necesidad de comunicación con la sociedad y transparencia, estándares de eficiencia y calidad, y el desarrollo de encuestas periódicas para evaluar la satisfacción del cliente.

FINANCIACIÓN

El pilar de Financiamiento trabaja en dos campos. Uno de ellos es el costo de los servicios y, en este caso, la idea fundamental es cambiar el modelo actual, prácticamente basado en el pago de la tarifa por parte del usuario, con la institución de otras fuentes de cobertura del valor de la tarifa.

En este pilar se toma la diferenciación entre el valor de la tarifa pública (que pagan los usuarios de los sistemas) y el valor de la tarifa de retribución (que se refiere a la retribución de los operadores), que ya está configurada en la Ley de Movilidad Urbana. (Ley N ° 12.587 / 12).

Además, se contemplan cambios a realizar en el proceso de reforma tributaria, la creación de un Fondo Nacional de Transporte Público, la cobertura de gratificaciones –especialmente para adultos mayores y estudiantes – a través de los presupuestos públicos, y la institución de reglas para que el transporte público se beneficie de otras fuentes que non las tarifas, como los peajes urbanos o la tributación de los combustibles que abastecen a los automóviles privados.

En el otro campo, el de las inversiones, la propuesta defiende las líneas oficiales de financiamiento de vehículos y tecnología, la priorización del tráfico de vehículos de transporte público en el sistema vial (lo que beneficiaría a los buses, que pierden productividad cuando están incrustados en la congestión urbana) y programas del gobierno, además de un Fondo Nacional de Inversión en Transporte Urbano (FNITU), y la creación de un entorno más favorable para la inversión privada, a través de asociaciones público-privadas (APP).

REGULACIÓN Y CONTRATOS

Bajo el tercer pilar, referido a Regulación y Contratos, la propuesta es construir un nuevo marco regulatorio para el sector, con cambios en la Política Nacional de Movilidad Urbana y posterior modificación de leyes estatales y municipales, actualización de contratos existentes, instituir una nueva forma de retribución de servicios de transporte público (en el que la tarifa solo constituye una parte de los recursos), además de la consolidación de mecanismos que garanticen la transparencia y control de todo el proceso.

METAS

Como reafirmó Otávio Cunha en la rueda de prensa de principios de julio, la idea de NTU y ANPTrilhos es que los cambios posibilitados por la propuesta traigan mayor calidad y productividad de los sistemas, racionalización e innovación de las redes de transporte, inclusión social y, en particular, sostenibilidad económica y seguridad jurídica para el funcionamiento de los sistemas.

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