La nueva edición del Informe Especial de la CEPAL sobre Covid-19 coloca al sector del transporte entre los más afectados por la crisis en América Latina y el Caribe

El sector del transporte se encuentra entre los más afectados por la crisis de Covid-19 en América Latina y el Caribe, según el cuarto Informe Especial Covid-19 publicado en julio de 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La publicación – que se puede descargar desde el enlace al final de este artículo— tiene como título general Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación.

El análisis de la publicación se centra en los efectos de la pandemia en la estructura productiva y empresarial de los países de la región cuyas debilidades se han originado a lo largo de décadas y que se ha visto fuertemente golpeada por la actual coyuntura.

Además del transporte, sufrieron un fuerte impacto los sectores de servicios de turismo, industrial cultural tradicional, comercio, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, moda y automóviles.

Impactos significativos tuvieron los sectores de minería, electricidad, gas, agua, construcción y materiales para la construcción, servicios empresariales, actividades financieras, bebidas, muebles y madera, industria química, electrónica – maquinaría y equipo.

Se sintieron efectos moderados en los sectores de agricultura, ganadería, pesca, producción de alimentos para el mercado interno, insumos y equipamiento médico, medicamentos, telecomunicaciones y envases.

IMPORTANTES CAÍDAS

Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Se estima que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región – de las cuales 2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.

En el ámbito productivo, la coyuntura plantea la urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones. Para ello, se requieren políticas para modificar la estructura productiva, es decir, incentivos distintos de los que prevalecen en la actualidad para que las empresas privadas, junto con el Estado, realicen las inversiones necesarias para diversificar la estructura económica, garantizar un proceso continuo y estable de crecimiento y evitar retrocesos sociales y ambientales.

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