Fuentes de financiación para infraestructura en Latinoamérica

Representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presenta ejemplos de cómo financiar obras grandes de forma segura, con la minimización de las influencias de los cambios políticos y la fluctuación del cambio.                                                              

MÁRCIA PINNA RASPANTI

Innovación, fomento para atraer inversiones y fuentes de financiación que ayuden a mejorar la competitividad de Brasil fueron algunos de los temas debatidos en el 6º Foro de Infraestructura, Logística y Movilidad, promovido el día 14 de agosto de 2018 por el Grupo de Líderes Empresariales (Lide), en San Pablo, Brasil. En el último panel, dedicado a “las fuentes de financiación y seguro de riesgo cambiario” para el sector, Antônio Silveira, vicepresidente de Infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), enfatizó el tema de los recursos privados y se explayó con ejemplos internacionales, citó a Argentina, a Chile, a México y a Colombia.

Para financiar obras de infraestructura en Latinoamérica, existen algunas formas de conseguir fondos: recursos públicos, presupuestos gubernamentales, bancos de desarrollo, bancos multilaterales, recursos privados, sistema bancario, mercado de capitales, emisión de bonos, fondos de participación y de deuda.  Silveira mencionó la posibilidad de utilización de activos de clase mundial (world class asset). “La inversión en infraestructura pasó a ser vista como una estrategia para superar los efectos de la crisis financiera global de 2008. Hubo una determinación del G20 a los bancos multilaterales de desarrollo para crear mecanismos que hicieran viable esta estrategia”, recuerda.

La decisión pretendía crear condiciones para lograr movilizar fondos privados, especialmente los de renta fija, con el objetivo de apalancar la inversión en infraestructura. Para esto se necesitan algunas medidas: estandarización de cláusulas contractuales, distribución de riesgos, derechos de financiadores, estandarización de bonos emitidos por titulares de contratos y uso de equipos. “¿Cómo transformar un contrato de concesiones en una renta fija? Es necesario distribuir y mitigar los riesgos de frustración de ingresos, de demanda, reguladores y políticos. Cuando hay contraprestación pública, hay posibilidad de sobrecosto, además de riesgos adicionales para inversores extranjeros, relacionados a variaciones y controles”, dice Silveira.

INICIATIVAS LATINOAMERICANAS

Silveira destaca que hay experiencias en América Latina que utilizan mecanismos diferentes para que las inversiones sean más seguras y así atraer fondos. En Argentina, la participación público-privada (PPP) de carreteras es un ejemplo.  La primera ronda se licitó en abril de 2018, se adjudicó en julio de 2018 e incluye 7200 kilómetros de carreteras divididos en seis corredores. Participaron 19 empresas argentinas y 7 internacionales (España, Portugal, Colombia, Italia y EE.UU.). “Se cobrará peaje, pero el dinero recaudado no irá al concesionario. En vez de hacer esto, se creó un fondo para costear la operación”, explica.

El ingreso de los concesionarios vendrá de este fondo financiero, apartado de la administración pública, que emite dos tipos de documentos: títulos de pagos por disponibilidad (TRD): pago mensualmente, denominado en pesos argentinos y recuperables en el corto plazo; y título de pagos por inversión (TPI): en dólares, pago de acuerdo con la evolución de los planes de inversiones, recuperables en el largo plazo. “La idea es que los concesionarios puedan negociar los TPI con bancos nacionales e internacionales para conseguir la financiación del Capex”, dice Silveira. Los recursos del fondo provienen de la recaudación de peajes, impuestos sobre combustible, aportes contingentes del presupuesto nacional.

En Colombia, el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G), contempla 28 corredores viales (20 son de prioridad del gobierno y 8 propuestos por el sector privado), con inversiones previstas de 15 mil millones de dólares. Las fuentes de financiación son Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Presupuesto Nacional con estructura de aportes a los concesionarios para financiar el Capex, denominados en pesos o en dólares para los primeros proyectos. También se crearon fondos de infraestructura, como el Fondo VEFIC y el Fondo CAF-AM Ashomre I, además de un estímulo de emisión de bonos de infraestructura en mercado de capitales.

Los mecanismos de mitigación de riesgo cambiario en desarrollo son: mecanismos parcial de liquidez para derivativos, con apoyo de Goldman Sachs y JP Morgan, que consiste en un instrumento parcial para garantizar el valor en dólares del ingreso de los concesionarios y el mecanismos parcial de cobertura cambiaria en dólares, con apoyo del Banco Mundial, que asegura la cobertura cambiaria de deudas adquiridas en el exterior, dentro de determinada banda de fluctuación de la tasa de cambio.  “Es importante notar que hay sistemas de financiación en moneada local y en dólares, lo que le brinda más seguridad a los inversionistas”, afirma Silveira.

En México, el ejemplo es la nueva terminal aeroportuaria de la Ciudad de México, por la que pasan 68 millones de pasajeros por año, con 95 posiciones conectadas a la terminal y 68 posiciones remotas. Se planean inversiones de 4,5 mil millones de dólares. El proyecto se otorgó en julio de 2017 a un consorcio de siete empresas lideradas por la española Acciona. El mecanismo principal de ingreso del concesionario es un fondo alimentado por la recaudación de tarifas aeroportuarias denominadas en dólares, con cobertura cambiaria automática.

En Chile, la experiencia de “Agenda Infraestructura, desarrollo e inclusión”, llamada Chile 30.30, estableció una cartera complementaria de proyectos de inversión en infraestructura a través de PP, con la creación del Fondo de Infraestructura SA (ley 21802 de marzo de 2018). La participación del gobierno central es de 99% y una corporación de fomento a la producción (CORFO) con el 1%. El gobierno hará aportes de bienes de uso público y recursos fiscales y la CORFO aportará recursos financieros. El proyecto queda apartado de la administración pública y con gobernanza propia. Los recursos serán de hasta 9 mil millones de dólares y pueden capitalizar el resultados de sus inversiones. “La estrategia es disociar las inversiones en infraestructura del ciclo político”, dice Silveira.

Las actividades del fondo son: financiación o participación en concesiones y de estudios y proyectos, además de otorgar a terceros la explotación de concesiones de quien es el titular. En 2000, Chile creó el mecanismo de cobertura cambiaria para fluctuaciones superiores a un límite de 10% con relación a una tasa referencial, con el objetivo de estimular la financiación externa de las concesiones. “Actualmente, el instrumento no se utiliza, pero existe y se puede accionar”, nos recuerda Silveira. “Hay una gran preocupación en Latinoamérica con la seguridad jurídica. Estas experiencias muestran un intento de separar las inversiones en infraestructura del ambiente político”, completa.

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