{"id":4366,"date":"2019-03-07T16:51:37","date_gmt":"2019-03-07T19:51:37","guid":{"rendered":"https:\/\/mobilitas.lat\/?p=4366"},"modified":"2019-03-07T16:56:17","modified_gmt":"2019-03-07T19:56:17","slug":"la-indebida-interferencia-del-poder-judicial-en-las-concesiones-de-reajustes-de-tarifas-en-los-servicios-de-transporte-publico-colectivo-por-ivan-lima-socio-de-cordeiro-lima-e-advogados-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mobilitas.lat\/es\/2019\/03\/07\/la-indebida-interferencia-del-poder-judicial-en-las-concesiones-de-reajustes-de-tarifas-en-los-servicios-de-transporte-publico-colectivo-por-ivan-lima-socio-de-cordeiro-lima-e-advogados-brasil\/","title":{"rendered":"La indebida interferencia del poder judicial en las concesiones de reajustes de tarifas en los servicios de transporte p\u00fablico colectivo. Por Ivan Lima, socio de Cordeiro, Lima e Advogados, Brasil."},"content":{"rendered":"\n

I<\/em><\/strong>van Lima es socio de Cordeiro, Lima e Advogados y est\u00e1 cursando un m\u00e1ster en Derecho P\u00fablico por la FGV<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Los tiempos cambiaron para los servicios de transporte p\u00fablico colectivo de pasajeros. Los servicios se sofisticaron, las relaciones contractuales con la Administraci\u00f3n P\u00fablica se hicieron m\u00e1s saludables, el marco legislativo se ha transformado \u2014aportando mucha m\u00e1s regulaci\u00f3n al sector\u2014 y las formas de c\u00e1lculo de los reajustes de tarifas evolucionaron. Pero parece que el Poder Judicial todav\u00eda no se dio cuenta de todo este cambio.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente\u2014y, digamos, lamentablemente\u2014, los\nprocedimientos para posibilitar los reajustes de tarifas realizados por el\nPoder Concedente siempre abarcan un an\u00e1lisis sobre la interferencia del Poder\nJudicial en dicha medida de reajuste. El riesgo de la concesi\u00f3n de una medida\ncautelar para suspender el reajuste de la tarifa es tan inminente que justifica\nplantear escenarios en los procedimientos de reajuste sobre c\u00f3mo contrarrestar\nlos efectos delet\u00e9reos del otorgamiento de una medida de urgencia para\nsuspender un eventual reajuste de tarifas. Y la conclusi\u00f3n es, por regla general,\nque habr\u00e1 la necesidad de aporte de recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de\nindemnizaciones al concesionario o la aplicaci\u00f3n inmediata de subsidios\npresupuestarios.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, el fen\u00f3meno de la\nsuspensi\u00f3n cautelar del reajuste de tarifas concedido ocurri\u00f3 en grandes\nestados y municipios, tales como el estado de S\u00e3o Paulo, en 2017; en los\nservicios de transporte colectivo de la regi\u00f3n metropolitana sobre rieles y\nneum\u00e1ticos; en el municipio de S\u00e3o Paulo, en 2018; en los municipios de\nGuarulhos y Cotia, en S\u00e3o Paulo, en 2017; en el municipio de Jo\u00e3o Pessoa, en\nPara\u00edba, en 2017; en el municipio de Belo Horizonte, en 2017;entre tantos otros\nestados y municipios en todo el pa\u00eds, en los a\u00f1os 2017 y 2018.<\/p>\n\n\n\n

Como se dijo, no es un fen\u00f3meno nuevo. El\ntema de la interferencia del Poder Judicial en los actos de concesi\u00f3n de\nreajustes de tarifas es algo que se remonta a d\u00e9cadas. Sin embargo, los\nargumentos jur\u00eddicos para el intento de reforma de estas decisiones desde\nentonces, en muchos casos, han sido los mismos. B\u00e1sicamente, estamos ante la\nviolaci\u00f3n de la separaci\u00f3n de los poderes, del sistema denominado “frenos\ny contrapesos” (separaci\u00f3n de las funciones estatales).<\/p>\n\n\n\n

Bajo esta tesis leg\u00edtima, adem\u00e1s, se intenta\ndemostrar al Poder Judicial que aquella decisi\u00f3n judicial no podr\u00eda interferir\nen un acto administrativo practicado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la\ndiscusi\u00f3n de este tema eminentemente jur\u00eddico pocas veces ha tenido eficacia\ncomo fundamento para que el Poder Judicial retroceda de su af\u00e1n de interferir\ndirectamente en los actos del Poder Ejecutivo que determinan el reajuste de las\ntarifas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

 Las\ndecisiones judiciales, por norma general, cuestionan directa o indirectamente\nlos criterios por los que se concedi\u00f3 la tarifa, limit\u00e1ndose muchas veces a\ndecir que por el simple hecho de que se haya reajustado por encima de la\ninflaci\u00f3n acumulada ser\u00eda suficiente para suspenderla y discutirla por tiempo\nindeterminado (se dice indeterminadoporque son incalculables los plazos en que\nse concluyen procesos judiciales de esta naturaleza).<\/p>\n\n\n\n

Por esta raz\u00f3n, teniendo en cuenta que es\ninevitable la discusi\u00f3n judicial del tema (no se puede impedir que cualquier\nciudadano recurra al Poder Judicial) y que el Poder Judicial reconoce la tesis\nabstracta de la violaci\u00f3n de la Separaci\u00f3n de los Poderes sin ning\u00fan criterio y\nen violaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica de los contratos (aunque esto sea\ninconstitucional, debemos resaltarlo), m\u00e1s que luchar contra esta fuerza, es\nnecesario adaptarse a ella, para que sea m\u00e1s controlable el riesgo de\nsuspensi\u00f3n de los reajustes de tarifas previstos en contrato.<\/p>\n\n\n\n

Si las decisiones judiciales se concentran en\nlos hechos (reajuste por encima de la inflaci\u00f3n, por ejemplo) y no en una\npotencial violaci\u00f3n del derecho concreto, es importante que las defensas\njudiciales se concentren en demostrar al Poder Judicial lo saludable que es la\nconstrucci\u00f3n de la relaci\u00f3n entre el Poder Concedente y el Concesionario.<\/p>\n\n\n\n

Como se dijo al principio de este art\u00edculo,\nla situaci\u00f3n jur\u00eddica de los contratos evolucion\u00f3 mucho en las \u00faltimas dos\nd\u00e9cadas y, lamentablemente, el Poder Judicial todav\u00eda analiza los hechos bajo\nla percepci\u00f3n de las relaciones precarias del pasado.<\/p>\n\n\n\n

De ah\u00ed la necesidad de que las defensas\njudiciales tambi\u00e9n evolucionen, para demostrar al Poder Judicial que esta\nrelaci\u00f3n cambi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente existen dos legislaciones\nrelevantes para el sector que, sumadas a los contratos de asociaci\u00f3n\n(concesi\u00f3n) firmados, permiten demostrar al Poder judicial que, en el intento\nde defender los intereses de la poblaci\u00f3n y los usuarios mediante la concesi\u00f3n\nde medidas cautelares de suspensi\u00f3n de reajustes de tarifas, en realidad y en\n\u00faltima instancia estas decisiones perjudican \u2014y mucho\u2014 el inter\u00e9s social.<\/p>\n\n\n\n

Para comprobar esta afirmaci\u00f3n, es importante\nque los responsables legales de las defensas y recursos est\u00e9n acompa\u00f1ados de\nlos t\u00e9cnicos responsables del d\u00eda a d\u00eda de la operaci\u00f3n y, principalmente, de\neconomistas que entiendan el proceso econ\u00f3mico de c\u00e1lculo de reajuste de\ntarifas.<\/p>\n\n\n\n

Con este soporte t\u00e9cnico, la defensa jur\u00eddica\ndebe hacer menci\u00f3n expresa a los t\u00e9rminos de la Ley Federal n\u00ba 8.987\/1995 (Ley\nde las Concesiones), particularmente en los dispositivos que tratan de la\nnecesidad de mantener el equilibrio econ\u00f3mico de los contratos, pero sobre todo\ny principalmente hacer menci\u00f3n a la Ley Sectorial que rige las relaciones de\nlos servicios p\u00fablicos de transporte colectivo, que es la Ley Federal n\u00ba\n12.587\/2012 (Ley de la Movilidad Urbana).<\/p>\n\n\n\n

Especialmente en lo que se refiere a esta\nley, es importante un enfoque especial sobre el funcionamiento del cobro de\ntarifas, particularmente la diferencia conceptual entre tarifa de remuneraci\u00f3n\ny tarifa p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

De la tarifa de remuneraci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de la Ley de Movilidad Urbana, se extrae lo que se denomina precio contractual. Es decir, es la denominaci\u00f3n que se da para definir cu\u00e1nto de remuneraci\u00f3n el contratado percibir\u00e1 durante la ejecuci\u00f3n de su contrato de concesi\u00f3n, para que pueda cumplir todas las obligaciones asumidas en el negocio, m\u00e1s su remuneraci\u00f3n (en este caso, dividendos, resultados) [1].<\/p>\n\n\n\n

[1]Hay que aclarar que, antes de la vigencia de la Ley de Movilidad Urbana, la Tarifa de Remuneraci\u00f3n se denominaba habitualmente en el sector como “Tarifa T\u00e9cnica”<\/em>. <\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, la Ley de Movilidad Urbana\nplantea la posibilidad de que el valor monetario que recibir\u00e1 el usuario sea\nigual o diferente del valor monetario calculado para la Tarifa de Remuneraci\u00f3n.\nEsta tarifa cobrada del usuario es denominada por la ley como Tarifa P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El entendimiento del Poder Judicial en cuanto\na esta diferencia es fundamental para que, a continuaci\u00f3n, se pueda tratar el\ncontenido que compone el c\u00e1lculo de la Tarifa de Remuneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y el c\u00e1lculo de la Tarifa de Remuneraci\u00f3n\nest\u00e1 conformado, en los t\u00e9rminos de la Ley de Movilidad Urbana, por el precio\np\u00fablico cobrado al usuario por los servicios (tarifa p\u00fablica) sumado a los\ningresos provenientes de otras fuentes de pago, para cubrir los reales costos\ndel servicio prestado al usuario por el operador p\u00fablico o privado, adem\u00e1s de\nla remuneraci\u00f3n del prestador de servicios.<\/p>\n\n\n\n

Para la elaboraci\u00f3n de este\nc\u00e1lculo y, posteriormente, para la concesi\u00f3n de los reajustes de tarifas, los\nt\u00e9cnicos involucrados deben seguir un estricto procedimiento contractual.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, cualquier interferencia\ndel Poder Judicial en los reajustes de tarifas resulta en dos consecuencias\ndr\u00e1sticas: a) el desequilibrio econ\u00f3mico y financiero de los contratos y la\np\u00e9rdida inmediata de la capacidad de inversi\u00f3n del concesionario o, en casos\nextremos, de la capacidad de costear su operaci\u00f3n, en la hip\u00f3tesis de que el\nPoder P\u00fablico no establezca el subsidio presupuestario inmediato; o b) en la\nhip\u00f3tesis de que se establezca el subsidio presupuestario, hay una interferencia\ninmediata en la capacidad de inversi\u00f3n o incluso de costear las cuentas\np\u00fablicas del municipio\/estado involucrado.<\/p>\n\n\n\n

Hay, adem\u00e1s, un reflejo\nperjudicial del presupuesto p\u00fablico, en la medida en que el Poder Concedente\ndeber\u00e1 utilizar cr\u00e9ditos presupuestarios suplementarios, debido a que\nnaturalmente estos valores no se habr\u00edan previsto en la Ley Presupuestaria\nAnual (LPA). <\/p>\n\n\n\n

De ah\u00ed que se concluya que la\nconcesi\u00f3n de una suspensi\u00f3n cautelar judicial sobre los reajustes de tarifas\nperjudica mucho m\u00e1s al conjunto de la poblaci\u00f3n que su no suspensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Aunque, hipot\u00e9ticamente, el\nproceso judicial (sin la concesi\u00f3n de la medida cautelar) constate\nposteriormente que hubo de hecho un exceso en la concesi\u00f3n del reajuste por\nparte del Poder P\u00fablico, dicho exceso tiene tratamiento legal mediante la Ley\nde Movilidad, que lo denomina como super\u00e1vit tarifario y , en este caso, la ley\nestablece que este valor monetario excedente debe invertirse en la movilidad\nurbana de aquel municipio\/estado, como la construcci\u00f3n de terminales y paradas,\no incluso reflejarse en un porcentaje menor de reajuste de tarifas al a\u00f1o\nsiguiente.<\/p>\n\n\n\n

Por estos motivos, es un hecho\nque la concesi\u00f3n de suspensi\u00f3n cautelar del reajuste de tarifas nunca es el\nmejor camino.<\/p>\n\n\n\n

Y, en la hip\u00f3tesis de que ocurra,\nm\u00e1s que la limitaci\u00f3n del Poder Concedente y los concesionarios al argumento\njur\u00eddico de la separaci\u00f3n de los poderes, es importante que todos los\ninvolucrados en la elaboraci\u00f3n de la defensa est\u00e9n atentos para demostrar al\nPoder Judicial que las relaciones se sofisticaron y que es importante que el\nPoder Judicial tenga conocimiento de eso.<\/p>\n\n\n\n

Las herramientas est\u00e1n a nuestro\nalcance y tenemos que utilizarlas con destreza, siempre en favor del\nmantenimiento de la prestaci\u00f3n de buenos servicios a los usuarios, lo que solo\nes posible mediante contratos econ\u00f3micamente estables. <\/p>\n\n\n\n


<\/p>\n\n\n\n


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