La Ley General de Concesiones data de 1995.\nYa pas\u00f3 por algunas actualizaciones, es cierto, pero su coraz\u00f3n se estableci\u00f3\nall\u00ed,hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os. En un per\u00edodo razonablemente largo de existencia,\ndicha legislaci\u00f3n se ha sometido al escrutinio de doctrinadores, juzgadores de\ntodas las instancias, administradores p\u00fablicos y abogados, teniendo en cuenta\nque todos los contratos de concesi\u00f3n com\u00fan cuya delegaci\u00f3n del servicio haya\nocurrido despu\u00e9s del inicio de su vigencia se subordinan a ella.<\/p>\n\n\n\n
Naturalmente, todo este escrutinio no fue\ncapaz de agotar las discusiones en torno a las concesiones comunes. Y,\nsinceramente, no hay un an\u00e1lisis suficientemente amplio como para crear\n“verdades absolutas” sobre una legislaci\u00f3n tan compleja como \u00e9sta,\nteniendo en cuenta que la ley, como elemento de regulaci\u00f3n de conductas,\nsiempre debe (re)interpretarse con base en la realidad planteada, o, en otros\nt\u00e9rminos, frente a las nuevas situaciones que surgen y cuyo amoldamiento a la\nley requiere interpretaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Aun siendo as\u00ed \u2014y es dif\u00edcil negar la\nevoluci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n de la ley a partir de las nuevas situaciones de\nhecho sometidas a ella\u2014, algunas pr\u00e1cticas aplicadas en contratos de\nconcesiones comunes se establecieron en el tiempo como “verdades”\njur\u00eddicas absolutas, sin someterse a cuestionamientos o a otra forma de pensar,\nincluso frente a nuevas situaciones jur\u00eddicas. Si se aplica constantemente una\npr\u00e1ctica, como si fuera una regla inmutable (y no una mera opci\u00f3n\nadministrativa), eso la convertir\u00e1 en un verdadero dogma.<\/p>\n\n\n\n
Cuando se habla de concesi\u00f3n de garant\u00edas por\nparte del Poder Adjudicador al concesionario, en contratos de concesi\u00f3n com\u00fan,\nparece que estamos frente a una de estas “verdades absolutas”. La\nrespuesta m\u00e1s com\u00fan es que no incumbe al Poder Adjudicador garant\u00eda en\nconcesi\u00f3n com\u00fan. La garant\u00eda es cosa de Alianza P\u00fablico-Privada contratada en\nconformidad con la Ley de APP (Ley n\u00ba 11.079 \/ 04), dir\u00edan reconocidos\ndoctores.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, la previsi\u00f3n de garant\u00edas que\notorgar\u00e1 el Poder Adjudicador al concesionario es algo inusual. Pero inusual no\nsignifica imposible.<\/p>\n\n\n\n
Entonces viene la pr\u00e1ctica forzando una\nsuperposici\u00f3n a la l\u00f3gica: por lo general, no se ven en contratos de concesi\u00f3n\ngarant\u00edas por parte del Poder Adjudicador. Luego, se concluye que es porque no\npuede. \u00bfSer\u00e1 realmente eso?<\/p>\n\n\n\n
En realidad, la misma Ley General de\nConcesiones prev\u00e9 la posibilidad de que el Poder Adjudicador otorgue garant\u00edas,\nespec\u00edficamente en su art\u00edculo 23, V. Lo que se ve es que, desde la l\u00f3gica de\nque la concesi\u00f3n com\u00fan es remunerada por tarifa p\u00fablica<\/em>, es decir, que\nel usuario del servicio p\u00fablico paga directamente, la garant\u00eda por parte del\nPoder Adjudicador siempre ha sido innecesaria. <\/em>En el caso del transporte\nde pasajeros, esta situaci\u00f3n genera una circunstancia econ\u00f3micamente\nimportante: no hay riesgo de cr\u00e9dito con el usuario, porque siempre se paga la\ntarifa antes de usar el servicio.<\/p>\n\n\n\n Luego, en un escenario donde la remuneraci\u00f3n\nproviene exclusivamente del usuario, sin que sea necesario ning\u00fan aporte del\nPoder Adjudicador, no hay riesgo financiero relacionado con la capacidad de\npago de la entidad delegante.<\/p>\n\n\n\n Esta no necesidad, por lo tanto, no puede\nconfundirse con imposibilidad<\/em>. Al contrario: la garant\u00eda por parte del\nPoder Adjudicador en las concesiones comunes siempre ha sido posible, pero por\nlo general no se aplica.<\/p>\n\n\n\n En el caso del transporte p\u00fablico de\npasajeros por autob\u00fas, la realidad de la remuneraci\u00f3n del concesionario\nexclusivamente mediante tarifas p\u00fablicas (o ingresos accesorios cuyo pago no\nproviene del Poder Adjudicador) est\u00e1 ampliamente superada. Hoy, en lugar de ser\nla regla, esta es la excepci\u00f3n. Al final, el servicio de transporte gan\u00f3 en\ncomplejidad: integraciones intra e intermodales, nuevas demandas por gratuidad,\ninversiones en tecnolog\u00edas de pago, en fin, los costos aumentaron y se hizo inviable la modicidad tarifaria.<\/p>\n\n\n\n Con esta complejidad, varias entidades\ndelegantes pasaron a subsidiar directamente el servicio, como una forma de\nposibilitar el no traspaso de estos costos a la tarifa p\u00fablica. El aumento\ninmoderado de la tarifa p\u00fablica, lejos de ser s\u00f3lo un aspecto que tener en\ncuenta en el c\u00e1lculo pol\u00edtico, causa un efecto delet\u00e9reo para todo el sistema\nde transporte p\u00fablico: la migraci\u00f3n del usuario al transporte privado. De ah\u00ed\nla necesidad cada vez m\u00e1s presente de que el Poder Adjudicador asuma parte de\neste costo a trav\u00e9s del presupuesto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Hay que tener en cuenta que en este nuevo\nescenario entra en escena un riesgo que no formaba parte del arreglo original:\nahora, el concesionario se somete al riesgo de “impago” por parte del\nPoder Adjudicador. No se ten\u00eda\nconocimiento de este riesgo y, en definitiva, no se lo tuvo en cuenta en el\nmomento de la contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En 2012, surge la Ley de Movilidad Urbana,\nque segrega los conceptos de tarifa p\u00fablica y tarifa de remuneraci\u00f3n como dos\nelementos distintos. La tarifa p\u00fablica es aquella definida por el Poder\nAdjudicador como el precio p\u00fablico que se cobrar\u00e1 al usuario. La tarifa de\nremuneraci\u00f3n es aquella que remunera el servicio de transporte. Siempre que\nhaya d\u00e9ficit tarifario (es decir, cuando la tarifa p\u00fablica sea menor que la\ntarifa de remuneraci\u00f3n, lo que en la pr\u00e1ctica es la regla), esta diferencia\ndebe cubrirse con otras fuentes alternativas, entre la cuales el subsidio\npresupuestario.<\/p>\n\n\n\n Con un nuevo dise\u00f1o jur\u00eddico a aplicarse a\nlas concesiones p\u00fablicas, y frente a la necesidad urgente de adecuar los\ncontratos de concesi\u00f3n tanto en cuanto a las exigencias de la Ley de Movilidad\nUrbana como en lo que se refiere a la nueva configuraci\u00f3n del transporte\np\u00fablico en Brasil, surge el tema fundamental que se plantea aqu\u00ed: si el Poder\nAdjudicador es ahora (o puede llegar a ser) responsable del pago de la\nremuneraci\u00f3n del operador, \u00bfno habr\u00eda que hablar de oferta de garant\u00eda en\ncuanto al riesgo de un eventual default<\/em> de la entidad delegante?<\/p>\n\n\n\n Y la respuesta tiene que ser positiva. Al fin\ny al cabo, si la Ley General de Concesiones siempre ha permitido que se\nofreciera dicha garant\u00eda, y si se crea un riesgo de pago no previsto\noriginariamente en el arreglo contractual, es legalmente requerido que el\nconcesionario est\u00e9 garantizado por esta importante modificaci\u00f3n en su matriz de\nriesgo. Ahora bien, una cosa es depender exclusivamente del pago del usuario\n(anticipado, sobre todo); otra cosa, totalmente diferente, es contar con el\npago puntual del Poder Adjudicador (siempre realizado a posteriori<\/em> de la\nprestaci\u00f3n del servicio). Por supuesto, en este caso, aumenta el riesgo del\nconcesionario.<\/p>\n\n\n\n Si la garant\u00eda al concesionario es legalmente\nadecuada \u2014y, digamos, incluso exigible cuando hay la inserci\u00f3n de este nuevo\nriesgo en los contratos en marcha\u2014, es altamente recomendable que la adopten\ncomo regla las administraciones p\u00fablicas. <\/p>\n\n\n\n En las situaciones en que el servicio ser\u00e1\nlicitado, es bastante saludable (aunque no exigible) que el Poder Adjudicador ofrezca\ngarant\u00eda sobre la parte de la remuneraci\u00f3n que se pagar\u00e1 al futuro\nconcesionario directamente con los fondos p\u00fablicos. La existencia de garant\u00edas\nsaludables seguramente generar\u00e1 un importante aumento del atractivo del\nproyecto, mejorando la competitividad del proceso de licitaci\u00f3n y, por\nconsiguiente, la recepci\u00f3n de mejores propuestas para el Poder Concedente.<\/p>\n\n\n\n En los contratos en marcha en que\noriginalmente no est\u00e9 prevista remuneraci\u00f3n pagada por el Poder Concedente, la\nalteraci\u00f3n de la forma de remuneraci\u00f3n que suponga la creaci\u00f3n de un nuevo\nriesgo para el concesionario debe necesariamente ir acompa\u00f1ada de la oferta de\ngarant\u00eda. De lo contrario, tendr\u00edamos una importante modificaci\u00f3n de las\ncondiciones de contrataci\u00f3n en perjuicio del concesionario, que, como hemos\nantes, no asumi\u00f3 este riesgo.<\/p>\n\n\n\n Hay varias garant\u00edas eficientes que puede\nadoptar el Poder Concedente como forma de asegurar el cobro por parte del\nconcesionario de su remuneraci\u00f3n. Naturalmente, se puede adoptar el mismo rol\nde garant\u00edas previsto en la Ley de APP, pero sin limitarse a \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n Un excelente modelo es otorgar en garant\u00eda\nlas cuotas retenidas por la entidad delegante en los fondos p\u00fablicos federales\nde participaci\u00f3n (Fondo de Participaci\u00f3n de los Municipios o de los Estados). Esta\nmodalidad de garant\u00eda ya se utiliz\u00f3 en las APP y result\u00f3 muy exitosa. Sin\nembargo, otras formas son posibles, incluso las soluciones intracontractuales,\nen que mecanismos internos del servicio sirven para la formaci\u00f3n de garant\u00eda al\nconcesionario, sin necesariamente gravar los activos o ingresos de la entidad\ndelegante.<\/p>\n\n\n\n En fin, son diversas las formas y modalidades\nque puede adoptar el Poder Adjudicador para ofrecer\ngarant\u00eda al concesionario cuando hay exposici\u00f3n al riesgo de default<\/em> por\nparte de la entidad delegante en las concesiones comunes. Lo importante es\ntener en cuenta que este riesgo, cada vez m\u00e1s presente en las concesiones\ncomunes, tiene soluci\u00f3n. Basta con ampliar los horizontes y adecuar la\ninterpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n a la realidad actual del transporte de\npasajeros.<\/p>\n\n\n\n A Lei Geral de Concess\u00f5es data de 1995. J\u00e1 passou por algumas atualiza\u00e7\u00f5es, \u00e9 verdade, mas seu cerne est\u00e1 l\u00e1, estabelecido h\u00e1 mais de 20 anos. Em um per\u00edodo razoavelmente longo de exist\u00eancia, essa legisla\u00e7\u00e3o j\u00e1 foi submetida ao escrut\u00ednio de doutrinadores, julgadores de todas as inst\u00e2ncias, administradores p\u00fablicos e advogados, dado que todos os contratos de concess\u00e3o comum cuja delega\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o tenha se dado ap\u00f3s o in\u00edcio de sua vig\u00eancia se subordinam a ela.<\/p>\n\n\n\n Naturalmente, todo esse escrut\u00ednio n\u00e3o foi\ncapaz de esgotar as discuss\u00f5es em torno das concess\u00f5es comuns. E, sinceramente,\nn\u00e3o h\u00e1 an\u00e1lise suficientemente extensa que consiga criar \u201cverdades absolutas\u201d\nsobre uma legisla\u00e7\u00e3o t\u00e3o complexa quanto essa, dado que a lei, como elemento de regula\u00e7\u00e3o de\ncondutas, sempre deve ser (re)interpretada a partir da realidade posta, ou, em\noutros termos, diante das novas situa\u00e7\u00f5es que surgem e cujo amoldamento \u00e0 lei\nnecessita de interpreta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Ainda que assim seja \u2013 e \u00e9 dif\u00edcil negar a\nevolu\u00e7\u00e3o da interpreta\u00e7\u00e3o da lei a partir das novas situa\u00e7\u00f5es de fato que s\u00e3o a\nela submetidas \u2013, algumas pr\u00e1ticas aplicadas em contratos de concess\u00f5es comuns\nse estabeleceram no tempo como \u201cverdades\u201d jur\u00eddicas absolutas, sem se\nsubmeterem a questionamento ou a uma outra forma de pensar, mesmo diante de\nsitua\u00e7\u00f5es jur\u00eddicas novas. Aplique-se uma pr\u00e1tica constantemente, como se ela\nfosse uma regra imut\u00e1vel (e n\u00e3o uma mera op\u00e7\u00e3o administrativa) e isso a tornar\u00e1\num verdadeiro dogma.<\/p>\n\n\n\n Quandose fala em concess\u00e3o de garantias por\nparte do Poder Concedente ao concession\u00e1rio, em contratos de concess\u00e3o comum,\nparece estarmos diante de uma dessas \u201cverdades absolutas\u201d. A resposta mais\ncomum \u00e9 de que n\u00e3o cabe garantia por parte do Poder Concedente em concess\u00e3o\ncomum. Garantia \u00e9 coisa de Parceria P\u00fablico-Privada contratada na forma da Lei\nde PPPs (Lei n\u00ba 11.079\/04), diriam respeitabil\u00edssimos doutrinadores.<\/p>\n\n\n\n De fato, a previs\u00e3o de garantias a serem\noutorgadas pelo Poder Concedente ao concession\u00e1rio \u00e9 incomum. Mas incomum n\u00e3o\nquer dizer imposs\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n E a\u00ed vem a pr\u00e1tica for\u00e7ando uma sobreposi\u00e7\u00e3o \u00e0\nl\u00f3gica: normalmente, n\u00e3o se v\u00ea, em contratos de concess\u00e3o, garantias por parte\ndo Poder Concedente. Logo, conclui-se, \u00e9 porque n\u00e3o pode. Ser\u00e1?<\/p>\n\n\n\n Na realidade, a pr\u00f3pria Lei Geral de Concess\u00f5es\nprev\u00ea a possibilidade de o Poder Concedente outorgar garantias, especificamente\nem seu artigo 23, V. O que se v\u00ea \u00e9 que, a partir da l\u00f3gica de que a concess\u00e3o\ncomum \u00e9 remunerada por tarifa p\u00fablica<\/em>,\nou seja, aquela paga diretamente pelo usu\u00e1rio do servi\u00e7o p\u00fablico, a garantia\npor parte do Poder Concedente sempre foi desnecess\u00e1ria<\/em>.\nNo caso do transporte de passageiros, essa situa\u00e7\u00e3o gera uma circunst\u00e2ncia\neconomicamente importante: n\u00e3o h\u00e1 risco de cr\u00e9dito com o usu\u00e1rio, porque a\ntarifa \u00e9 sempre paga antes do uso do servi\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n Logo, num cen\u00e1rio onde a remunera\u00e7\u00e3o decorre\nexclusivamente do usu\u00e1rio, sem que seja necess\u00e1rio nenhum aporte do Poder\nConcedente, n\u00e3o h\u00e1 risco financeiro relacionado \u00e0 capacidade de pagamento do\nente delegante.<\/p>\n\n\n\n Essa desnecessidade, portanto, n\u00e3o pode ser\nconfundida com impossibilidade<\/em>. Ao\ncontr\u00e1rio: a garantia por parte do Poder Concedente nas concess\u00f5es comuns\nsempre foi poss\u00edvel, mas comumente inaplic\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n No caso do transporte p\u00fablico de passageiros\npor \u00f4nibus, a realidade da remunera\u00e7\u00e3o do concession\u00e1rio exclusivamente por\ntarifas p\u00fablicas (ou receitas acess\u00f3rias cujo pagamento n\u00e3o se d\u00ea pelo Poder\nConcedente) est\u00e1 largamente superada. Hoje, ao inv\u00e9s de regra, essa \u00e9 a\nexce\u00e7\u00e3o. Afinal, o servi\u00e7o de transporte ganhou em complexidade: integra\u00e7\u00f5es\nintra e intermodais, novas demandas por gratuidades, investimentos em\ntecnologias de pagamento, enfim, os custos foram se avolumando e tornando\ninvi\u00e1vel a modicidade tarif\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n Com essa complexidade, v\u00e1rios entes delegantes\npassaram a subsidiar diretamente o servi\u00e7o, como uma forma de viabilizar a\nn\u00e3o-transfer\u00eancia desses custos para a tarifa p\u00fablica. O aumento imoderado da\ntarifa p\u00fablica, longe de ser apenas um aspecto a ser considerado no c\u00e1lculo\npol\u00edtico, causa um efeito delet\u00e9rio para todo o sistema de transporte p\u00fablico:\na migra\u00e7\u00e3o do usu\u00e1rio para o transporte privado. Da\u00ed a necessidade cada vez\nmais comum de o Poder Concedente assumir parte dessa conta via or\u00e7amento\np\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Perceba-se que, nesse novo cen\u00e1rio, entra no\njogo um risco que n\u00e3o fazia parte do arranjo original: agora, o concession\u00e1rio\nse submete ao risco de \u201ccalote\u201d do Poder Concedente. Esse risco n\u00e3o lhe era\nconhecido e, definitivamente, n\u00e3o foi assumido no momento da contrata\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Em 2012, surgea Lei de Mobilidade Urbana, que\nsegrega os conceitos de tarifa p\u00fablica e a tarifa de remunera\u00e7\u00e3o como dois\nelementos distintos. Tarifa p\u00fablica \u00e9 aquela definida pelo Poder Concedente\ncomo o pre\u00e7o p\u00fablico a ser cobrado do usu\u00e1rio. A tarifa de remunera\u00e7\u00e3o \u00e9 aquela\nque remunera o servi\u00e7o de transporte. Sempre que houver d\u00e9ficit tarif\u00e1rio (ou\nseja, quando a tarifa p\u00fablica for menor que a tarifa de remunera\u00e7\u00e3o, o que \u00e9 a\nregra na pr\u00e1tica), essa diferen\u00e7a deve ser coberta por outras fontes\nalternativas, entre elas o subs\u00eddio or\u00e7ament\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n Com um novo desenho jur\u00eddico a ser aplicado \u00e0s\nconcess\u00f5es p\u00fablicas, e diante da necessidade premente de se adequar os\ncontratos de concess\u00e3o tanto em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s exig\u00eancias da Lei de Mobilidade\nUrbana quanto \u00e0 nova configura\u00e7\u00e3o do transporte p\u00fablico no Brasil, surge a\nquest\u00e3o fundamental aqui tratada: se o Poder Concedente, agora, \u00e9 (ou pode vir\na ser) respons\u00e1vel pelo pagamento da remunera\u00e7\u00e3o do operador, caberia falar em\noferecimento de garantia quanto ao risco de eventual default<\/em> do ente delegante?<\/p>\n\n\n\n E a resposta tem que ser positiva. Afinal, se a\nLei Geral de Concess\u00f5es sempre permitiu que tal garantia fosse oferecida, e\nhavendo a cria\u00e7\u00e3o de um risco de pagamento n\u00e3o previsto originariamente no\narranjo contratual, \u00e9 juridicamente requerido que o concession\u00e1rio seja\ngarantido por essa altera\u00e7\u00e3o relevante de sua matriz de risco. Ora, uma coisa \u00e9\ndepender exclusivamente do pagamento do usu\u00e1rio (antecipado, sobretudo);outra,\ncompletamente diferente, \u00e9 contar com o pagamento pontual do Poder Concedente\n(sempre realizado a posteriori<\/em> da\npresta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o). \u00c9 claro que, nesse caso, a exposi\u00e7\u00e3o do concession\u00e1rio\naumenta.<\/p>\n\n\n\n Se a garantia ao concession\u00e1rio \u00e9 juridicamente\ncab\u00edvel \u2013 e, dir\u00edamos, at\u00e9 exig\u00edvel quando h\u00e1 inser\u00e7\u00e3o desse novo risco nos\ncontratos em curso \u2013, \u00e9 altamente recomend\u00e1vel que ela seja adotada como regra\npelas administra\u00e7\u00f5es p\u00fablicas. <\/p>\n\n\n\n Nas situa\u00e7\u00f5es em que o servi\u00e7o ser\u00e1 licitado, \u00e9\nbastantesalutar (embora n\u00e3o exig\u00edvel) que o Poder Concedente oferte garantia\nsobre a parcela da remunera\u00e7\u00e3o que ser\u00e1 paga ao futuro concession\u00e1rio\ndiretamente pelo er\u00e1rio. A exist\u00eancia de garantias h\u00edgidas certamente gerar\u00e1 um\nsignificativo aumento de atratividade do projeto, melhorando a competitividade\ndo processo licitat\u00f3rio e, consequentemente, o recebimento de melhores\npropostas para o Poder Concedente.<\/p>\n\n\n\n J\u00e1 nos contratos em curso que n\u00e3o preveem\noriginalmente remunera\u00e7\u00e3o paga pelo Poder Concedente, a altera\u00e7\u00e3o da forma de\nremunera\u00e7\u00e3o que implique a cria\u00e7\u00e3o de um novo risco para o concession\u00e1rio deve\nnecessariamente ser acompanhada da oferta de garantia. Do contr\u00e1rio, ter\u00edamos a\naltera\u00e7\u00e3o significativa das condi\u00e7\u00f5es de contrata\u00e7\u00e3o em preju\u00edzo do\nconcession\u00e1rio, que, como j\u00e1 dissemos antes, n\u00e3o assumiu esse risco.<\/p>\n\n\n\n H\u00e1 diversas garantias eficientes que podem ser\nadotadas pelo Poder Concedente como forma de assegurar o recebimento, pelo\nconcession\u00e1rio, de sua remunera\u00e7\u00e3o. Naturalmente, pode-se adotar o mesmo rol de\ngarantias previsto na Lei de PPPs, sem a ele ater-se, contudo.<\/p>\n\n\n\n Um excelente modelo \u00e9 de conceder em garantia\nas parcelas detidas pelo ente delegante nos fundos p\u00fablicos federais de\nparticipa\u00e7\u00e3o (Fundo de Participa\u00e7\u00e3o dos Munic\u00edpios ou dos Estados). Essa\nmodalidade de garantia j\u00e1 foi utilizada em PPPs e foi muito bem-sucedida.\nOutras formas, contudo, s\u00e3o poss\u00edveis, inclusive solu\u00e7\u00f5es intracontratuais, em\nque mecanismos internos do servi\u00e7o servem \u00e0 forma\u00e7\u00e3o de garantia ao\nconcession\u00e1rio, sem necessariamente onerar ativos ou receita do ente delegante.<\/p>\n\n\n\n Enfim, s\u00e3o diversas as formas e modalidades que o Poder Concedente pode adotar para oferecer garantia ao concession\u00e1rio quando h\u00e1 exposi\u00e7\u00e3o ao risco de default<\/em> por parte do ente delegante nas concess\u00f5es comuns. O importante \u00e9 ter em mente que esse risco, cada vez mais presente nas concess\u00f5es comuns, tem solu\u00e7\u00e3o. Basta ampliar os horizontes e adequar a interpreta\u00e7\u00e3o da legisla\u00e7\u00e3o \u00e0 realidade atual do transporte de passageiros.<\/p>\n\n\n\n Leonardo Cordeiro<\/strong> es socio de Cordeiro, Lima e Advogados, especialista en Derecho Tributario por la PUC\/SP, ex profesor de planificaci\u00f3n tributaria y tiene LL.M en Derecho Societario por el Inspe<\/em>r.<\/p>\n\n\n\n Ivan Lima <\/strong>es socio de Cordeiro, Lima e Advogados y est\u00e1 cursando un m\u00e1ster en Derecho P\u00fablico por la FGV<\/em> <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Ley General de Concesiones data de 1995. Ya pas\u00f3 por algunas actualizaciones, es cierto, pero su coraz\u00f3n se estableci\u00f3 all\u00ed,hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os. En un per\u00edodo razonablemente largo de existencia, dicha legislaci\u00f3n se ha sometido al escrutinio de doctrinadores, juzgadores de todas las instancias, administradores p\u00fablicos y abogados, teniendo en cuenta que todos […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4102,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[287],"tags":[476,862,589],"class_list":["post-4087","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notas","tag-ideas","tag-ivan-lima","tag-leonardo-cordeiro"],"yoast_head":"\n