{"id":2835,"date":"2018-11-05T23:42:53","date_gmt":"2018-11-06T01:42:53","guid":{"rendered":"https:\/\/mobilitas.lat\/?p=2835"},"modified":"2018-12-22T16:18:07","modified_gmt":"2018-12-22T18:18:07","slug":"arbitraje-y-otros-medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-en-concesiones-de-movilidad-urbana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mobilitas.lat\/es\/2018\/11\/05\/arbitraje-y-otros-medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-en-concesiones-de-movilidad-urbana\/","title":{"rendered":"Arbitraje y otros medios alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos en concesiones de movilidad urbana. Por Amauri Feres Saad y Leonardo Cordero"},"content":{"rendered":"\n

AMAURI FERES SAAD <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

LEONARDO CORDERO<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"
Leonardo Cordero y Amauri Feres Saad<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Los reajustes y revisiones tarifarias, nuevas gratuidades, subsidios, desequilibrios econ\u00f3mico-financieros diversos, interpretaci\u00f3n de las obligaciones contractuales, entre otros, son temas recurrentes en la vida de concesionarias de servicio p\u00fablico de transporte colectivo que a menudo tienden a desaguar en largos y tortuosos procesos ante el Poder Judicial. Tal escenario, como se sabe, no es el ideal, para todos los involucrados: Poder Concedente, concesionarias y usuarios. Cada vez m\u00e1s, ha sido necesaria una actuaci\u00f3n r\u00e1pida y eficaz de los gestores contractuales (sean p\u00fablicos o privados), para permitir la operaci\u00f3n de complejos contratos de movilidad urbana, involucrando la gesti\u00f3n de flota, proveedores y colaboradores, adem\u00e1s de millones de usuarios que dependen del servicio.<\/p>\n\n\n\n

Es innegable que nuestros tribunales no tienen m\u00e1s condiciones de atender a las necesidades vivenciadas en el d\u00eda a d\u00eda de las concesionarias y de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. Una de las razones para eso es que el tiempo sub judice<\/em> es un enemigo de ambas partes de los contratos de movilidad: todos saben que los procesos judiciales demoran mucho para acabar, muchas vecesrecibiendo la decisi\u00f3n que pacifica una cuesti\u00f3n cuando la propia relaci\u00f3n contractual ya ha terminado. La otra raz\u00f3n consiste en la falta de especializaci\u00f3n: el mismo juez que decide si un certificado puede o no ser admitido en una licitaci\u00f3n es a menudo provocado a decidir cuestiones regulatorias absolutamente complejas, como saber si el reequilibrio econ\u00f3mico-financiero en un contrato de concesi\u00f3n debe ser demostrado por flujo de caja marginal o por planilla de costos, si un c\u00e1lculo tarifario fue correcto, o si una determinada propuesta de racionalizaci\u00f3n de servicios puede o no ser admitida en vista de las condiciones eventualmente pactadas en el contrato de concesi\u00f3n. La falta de conocimientos especializados en general contribuye a decisiones inadecuadas o precipitadas, que pueden desestabilizar la relaci\u00f3n contractual.<\/p>\n\n\n\n

Los elementos adicionales en este escenario son la actuaci\u00f3n deferente del Poder Judicial a los Tribunales de Cuentas, en raz\u00f3n de su mayor capacidad t\u00e9cnica, y la judicializaci\u00f3n de obligaciones contractuales por terceros (tales como movimientos sociales, o miembros del Ministerio P\u00fablico) que, a pesar de estar bien intencionados, acaban perjudicando el equilibrio econ\u00f3mico-financiero de los contratos o dejando instable su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La discusi\u00f3n de contratos de movilidad urbana ante el Poder Judicial se muestra, de ese modo, fuerte elemento de inseguridad jur\u00eddica tanto para los operadores, que se ven “atados” a contratos cr\u00f3nicamente desequilibrados hasta el tr\u00e1nsito en juzgado de acciones de rescisi\u00f3n contractual, para la propia Administraci\u00f3n P\u00fablica, que se ve obligada a cumplir, a veces contra su voluntad, decisiones judiciales equivocadas. Ante el Poder Judicial, no siempre quien tiene derecho sale vencedor, e incluso quien vence, muchas veces no lo lleva.<\/p>\n\n\n\n

Como propuesta de soluci\u00f3n a estos problemas, el legislador se valida de diversos mecanismos, tales como el arbitraje<\/em>, la mediaci\u00f3n<\/em> y la instrumentalizaci\u00f3n de acuerdos administrativos<\/em>, especies del g\u00e9nero “mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos” (en la terminolog\u00eda internacional: Alternative Dispute Resolution<\/em> o ADR<\/em>). Es verdad que la redacci\u00f3n original de la Ley de Arbitraje Brasile\u00f1a (Ley Federal n\u00ba 9.307 \/ 1996), por ejemplo,  ya posibilitaba la utilizaci\u00f3n del arbitraje para dirimir litigios involucrando concesionarias y el Poder Concedente; de acuerdo con la entrada en vigor de la Ley Federal Brasile\u00f1a n\u00ba 13.129 \/ 2015, que expresamente autoriz\u00f3 la celebraci\u00f3n de cl\u00e1usulas de arbitraje por la Administraci\u00f3n P\u00fablica (art\u00edculo 1, \u00a71\u00ba), y de la Ley Federal Brasile\u00f1a n\u00ba 13.140 \/ 2015, que estableci\u00f3 la autocomposici\u00f3n administrativa de conflictos, quedaron alejadas las dudas que desde 1996 se instalaban ante la Administraci\u00f3n P\u00fablica en cuanto a la pertinencia del arbitraje.<\/p>\n\n\n\n

Con el nuevo escenario legislativo, por lo menos en Brasil, el mercado se encuentra actualmente ante una oportunidad impar, capaz de mitigar (o al menos dirigir buena parte) del riesgo jur\u00eddico-regulatorio de las concesiones.<\/p>\n\n\n\n

En los contratos nuevos, se hace necesaria una actuaci\u00f3n coherente de los players <\/em>de mercado en favor del establecimiento de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos, por medio, por ejemplo, de la actuaci\u00f3n de los sindicatos patronales en Audiencias y Consultas P\u00fablicas de los Documentos de Licitaci\u00f3n de proyectos en curso con sugerencias en ese sentido.<\/p>\n\n\n\n

En otro aspecto, en los contratos de concesi\u00f3n ya firmados, tambi\u00e9n se hace necesario pleitear la inclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas compromisarias de ADR, por medio de aditivos contractuales. El Superior Tribunal de Justicia de Brasil ya ha pacificado la cuesti\u00f3n que podr\u00eda surgir de tal inclusi\u00f3n (posterior a la firma del contrato), considerando legal la inserci\u00f3n de cl\u00e1usula arbitral por medio de aditivo a contrato de concesi\u00f3n (caso COPAG\u00c1S\/Brasil, RESP n\u00ba 904.813-PR, rel.Min. Nancy Andrighi, j. 20.11.2011).<\/p>\n\n\n\n

De igual modo, no hay m\u00e1s que discutir sobre la “disponibilidad del inter\u00e9s” tutelado por la Administraci\u00f3n P\u00fablica, que marcar\u00eda la posibilidad o no de someter un determinado conflicto al arbitraje. La doctrina ha tenido en los \u00faltimos a\u00f1os una fuerte evoluci\u00f3n acerca de tal controversia, sediment\u00e1ndose el entendimiento hacia la plena arbitrabilidad<\/em> de los conflictos derivados de contratos administrativos en general, y de contratos de concesi\u00f3n en particular. Esto porque, la Administraci\u00f3n, al recurrir a ADRs no est\u00e1 se disponiendo, o renunciando, del inter\u00e9s p\u00fablico, sino recurriendo a un medio alternativo para atenderlo mejor.<\/p>\n\n\n\n

No es razonable que la Administraci\u00f3n P\u00fablica (as\u00ed como aquellos que la contractan) est\u00e9 obligada a recurrir siempre al Poder Judicial, teniendo que aguardar un gran lapso temporal para solucionar el conflicto cuando, por la utilizaci\u00f3n de ADR, podr\u00e1 obtener una provisi\u00f3n equivalente al jurisdiccional, seguramente de calidad superior a la decisi\u00f3n judicial, en muy poco tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la transacci\u00f3n de conflictos que involucra la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos ya ha quedado legalmente prevista, por medio del art. 33, p\u00e1rrafo \u00fanico, de la Ley Federal Brasile\u00f1a n\u00ba 13.140 \/ 2015.<\/p>\n\n\n\n

Se destaca que el m\u00e1s difundido medio de ADR, el arbitraje<\/em>, ya est\u00e1 ampliamente previsto en contratos de movilidad urbana. A t\u00edtulo ilustrativo, se citan (i)los contratos de concesi\u00f3n del Metro de S\u00e3o Paulo,(ii) los contratos de concesi\u00f3n de transporte urbano de Porto Alegre y Belo Horizonte, as\u00ed como (iii) el contrato de la futura concesi\u00f3n del transporte metropolitano de la Regi\u00f3n de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

La ampliaci\u00f3n de la aceptaci\u00f3n de los medios alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos es, ciertamente, fruto de la constataci\u00f3n del escenario f\u00e1ctico enfrentado no s\u00f3lo por las concesionarias, sino tambi\u00e9n por la Administraci\u00f3n P\u00fablica. La defensa de los derechos de ambas partes es seguramente mejor realizada ante un juicio arbitral, en el que la cuesti\u00f3n es evaluada, por regla general, por \u00e1rbitros de reconocida idoneidad, imparcialidad y altamente especializados en el asunto en discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La tendencia, como se verifica, ha sido la de caminar en favor de una mejor estructuraci\u00f3n de los contratos de movilidad urbana. Un contrato de concesi\u00f3n justo para todos los involucrados – Poder Concedente, concesionario y usuarios – es aquel en que ninguna de las partes se vea perjudicada en sus derechos, sin poder recurrir a una soluci\u00f3n r\u00e1pida y de buena calidad, t\u00e9cnica y jur\u00eddicamente.<\/p>\n\n\n

[padding type=”large_left”]<\/p>\n

Amauri Feres Saad es socio del Cordero, Lima y Abogados, maestro y doctor en Derecho Administrativo por la PUC de S\u00e3o Paulo, Brasil.<\/strong><\/em><\/p>\n

Leonardo Cordero es socio del Cordero, Lima y Abogados con LL.M en Derecho Societario por el INSPER de Brasil.<\/strong><\/em><\/p>\n

[\/padding]<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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